Espacio laical: La urgencia de un nuevo pacto social en Cuba

Desde hace tiempo se han venido desdibujando los elementos que han integrado el pacto social que hubo en Cuba durante el último medio siglo. Esta realidad no ha implicado aún una perdida de la gobernabilidad en el país. Tampoco ha conseguido que importantes sectores pierdan afinidad con el imaginario –sobre todo el original- que hizo posible la Revolución cubana. Sin embargo, dicho proceso de fractura sí ha dañado cuotas de legitimidad que poseía el proyecto oficial, ha perjudicado el consenso mínimo a partir del cual debe desarrollarse todo el universo de relaciones en el país, y ha generado un clima sostenido de crisis. Esto, por supuesto, ha atentado contra el esfuerzo mancomunado que demandan el equilibrio y el progreso nacional.

El país contaba con un contrato social que emanaba de ciertos consensos en relación con la posibilidad de una educación general y gratuita, de un tipo de acceso a la cultura, del disfrute de un sistema de salud también general y gratuito, del derecho al trabajo, de determinadas cuotas de seguridad social, de una férrea defensa de la soberanía nacional y de la esperanza de poder democratizar, cada vez más, los modelos político y económico. Como es lógico, nunca dejó de existir una pluralidad de opiniones críticas acerca de cómo debían marchar estas realidades. Incluso, un sector nacional ha aborrecido de plano todas esas políticas. No obstante, la inmensa mayoría sentía seguridad y compromiso con el desempeño de estas realidades.

De ese universo de acuerdos, que imbricaba a la ciudadanía con el gobierno, hoy quedan en pie únicamente los consensos acerca de la defensa de la soberanía, así como del acceso a la educación y a la salud; no sin grandes insatisfacciones por el deterioro de estos dos servicios y por la existencia en el país de una diversidad amplia de opiniones acerca de cómo reestructurarlos. Sobre las otras cuestiones, es tan grande el abismo entre los diversos criterios, que al respecto se hace difícil hablar de consensos.

Son múltiples las visiones que existen en la ciudadanía acerca de todas estas realidades: sobre cómo enrumbar el desempeño espiritual y cultural de la nación, sobre cómo refundar nuestra democracia social, económica y política. Y es muy grande la distancia que existe entre muchos aspectos de estos imaginarios, así como entre ellos y los de una buena cantidad de funcionarios que van formulando, con sus actitudes, la política oficial.

Cuba ha vivido en los últimos tiempos un proceso creciente de diversificación de las identidades sociales. La distancia entre la inmensa mayoría de la juventud del país y los contenidos del pasado pacto social cubano ha comenzado a ahondarse progresivamente. Un número nada despreciable de ciudadanos, que gozan de una buena educación y cultura, se ha dedicado a formular nuevos imaginarios. De este quehacer han emanado “diversas Cubas”, que hoy son constatables en la sociedad insular. Esta amalgama de proyectos, al parecer, sería fácil de consensuar porque tiene en común el anhelo de una libertad responsable, el disfrute de todos los derechos –tanto individuales como sociales-, la defensa de la soberanía, el despliegue de la iniciativa económica y el diseño de un modelo político capaz de incrementar sistemáticamente las cuotas de participación y protagonismo ciudadano. Es plural el criterio acerca de cómo poder materializar estas realidades, pero los evidentes puntos de contacto entre ellos podrían facilitar el diálogo y el consenso.

Según sus propias declaraciones, el presidente Raúl Castro tiene conciencia de este gran desafío y pretende contribuir, hasta donde le sea posible, a la articulación de un camino de conciliación nacional. Como es de suponer, intenta hacerlo desde sus criterios y  perspectivas, que necesariamente no coinciden con los de la totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno logrará avanzar hasta donde le exige su responsabilidad histórica si consigue incluir y articular a la mayoría de los criterios presentes en la sociedad cubana. Parece que el Presidente no tiene prejuicio en hacerlo, pues en reiteradas ocasiones ha convocado a respetar, escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos. Y para avanzar en ese camino, que inevitablemente será un proceso largo y complejo, invitó a toda la ciudadanía a debatir acerca de un nuevo proyecto económico para Cuba.

No obstante, la marcha de este proceso de diálogo sobre temas económicos indica la existencia de actitudes que, en cualquier circunstancia, pueden hacer fracasar dicho camino. Entre estos indicadores se encuentran sectores que actualmente no son afines al gobierno y manifiestan una incapacidad enorme para reconocerle su legitimidad y dialogar con el mismo; la apatía y la desconfianza de amplios segmentos de la población acerca de la posibilidad de ser realmente tenidos en cuenta; unos medios de comunicación incapaces de explicarle al pueblo la propuesta de la alta dirección del país, así como reflejar de manera real y con amplitud los criterios de la ciudadanía; y un funcionariado oficial que, en muchos casos, recela de todo cambio y, por tanto, rechaza cualquier opinión novedosa, incluso propuestas del Proyecto de Lineamientos para el VI Congreso del PCC, e intenta asfixiar el debate.

Resulta imprescindible y patriótico comprender que los cubanos debemos participar en un diálogo sobre diversos temas que nos atañen a todos. Solo así nos abriremos al bienestar que podemos ofrecernos mutuamente. Resulta estratégico brindar confianza política y contribuir, críticamente, a la construcción de un nuevo pacto social que articule la diversidad de criterios presentes en nuestra nación. Pero, además, debemos comprender que ante la crisis actual, tenemos poco tiempo para lograrlo, so pena de adentrarnos en un escenario muy difícil. Vivimos el tiempo preciso para, por encima de las diferencias existentes, contribuir mancomunadamente a la búsqueda de una Cuba donde quepamos, definitivamente, todos.

Espacio laical

No.120 / Febrero 2011

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